Extremadura necesita dejar atrás la política espectáculo para centrarse en los problemas reales

El debate público en España hace ya tiempo que ha dejado de estar gobernado por la deliberación racional y el intercambio democrático de ideas para instalarse, peligrosamente, en el terreno de la crispación permanente. La figura del secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y su reciente aforamiento, se convierte en un caso paradigmático que pone de relieve cómo la política se ha judicializado hasta convertirse en una pieza más del engranaje de polarización que define nuestra vida pública.

La exposición de motivos argumentados por el secretario del PSOE de Extremadura para pasar a ocupar un escaño de la Asamblea y ejercer como jefe de la oposición al haber sido elegido por la mayoría de votantes socialistas, tiene precedentes en la reciente historia democrática española. No siempre los escaños se obtienen a través del sufragio electoral. Tras ganar el Congreso del PP que desbancó a Pablo Casado del PP, Alberto Núñez Feijóo fue designado por su partido como senador autonómico y, así, se convirtió en parlamentario nacional sin necesidad de pasar por las urnas. Pedro Sánchez llegó a presidente de Gobierno sin ser ni diputado ni senador, puesto que había renunciado a su acta de diputado en 2016, tras abstenerse el PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, al que el mismo Sánchez haría caer mediante una moción de censura, otro hecho inédito hasta entonces.

En el caso del expresidente de la Diputación de Badajoz, cargo al que renunció este viernes, la argumentación se complica, al haber sido investigado y, posteriormente, procesado, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, a favor del hermano del presidente del Gobierno español. No se trata de entrar en el fondo de un asunto sobre el que tendrá que pronunciarse la Justicia, en una u otra instancia, aunque todo el proceso de instrucción, cargado de polémicas y filtraciones, en poco ha contribuido a mejorar la transparencia y, en consecuencia, a ofrecer la imagen que debe percibir, para su tranquilidad, el ciudadano de a pie, tanto del funcionamiento del engranaje de la Justicia como del entorno político.

Estaba anunciado el paso de Gallardo a la Asamblea para ejercer como jefe de la oposición en un momento delicado para el PSOE extremeño, con labor interna de recomposición todavía por hacer después de la salida de Guillermo Fernández Vara.

Sin entrar en profundidades ligadas a la dilatación del caso judicial, puede resultar difícil de entender como ‘normalidad democrática’ que la toma de posesión del escaño coincida en el tiempo con el decreto de procesamiento por parte de la magistrada. Más confuso aún resulta que el ya diputado electo manifieste, horas después, su disposición a revisar las garantías jurídicas de los parlamentarios. Una condición, sea dicho de paso, que está avalada por las doctrinas del Supremo y del Constitucional.

Aforamiento

Sucesos así hacen que el aforamiento, una herramienta jurídica diseñada para proteger el ejercicio de la representación política frente a abusos del poder judicial, haya terminado por ser percibido, en la práctica, como una coraza ante posibles responsabilidades penales.

Todo esto sucede en un contexto de hipersensibilidad social y mediática en el que cualquier paso de un cargo público —sea de gestión o de discurso— es rápidamente convertido en diana de denuncias, querellas y acusaciones. La judicialización de la política se entrelaza así con su espectáculo mediático, en un bucle que convierte la denuncia en un instrumento político y el juzgado en un plató más.

En paralelo, ciertos colectivos —con o sin legitimidad democrática— utilizan el atajo de la denuncia pública para influir sobre las decisiones institucionales. Algunas de estas acciones nacen del legítimo ejercicio de la crítica; otras, sin embargo, están marcadamente motivadas por intereses ideológicos o partidistas. El resultado: una ceremonia de la confusión en la que la ciudadanía ya no distingue entre verdad jurídica, guerra mediática y confrontación política.

Terreno fértil

Este clima enrarecido genera una doble consecuencia letal para la salud democrática. Vacía de contenido el debate político, reduciéndolo a una guerra de trincheras y alimenta la desafección ciudadana hacia las instituciones. Si los votantes consideran, en las encuestas, que los partidos políticos han pasado de ser la solución a percibirse como un problema, es que algo falla estrepitosamente. Los votantes quieren soluciones a sus necesidades diarias y confían en que los responsables sean los mejor preparados. Pero, cuando todo parece escándalo, cuando la presunción de inocencia se sustituye por el juicio sumarísimo del ‘trending topic’, y cuando la deliberación se torna en ruido, lo que crece es el espacio para los populismos. Estos, con su retórica simplista y soluciones totalizadoras, encuentran terreno fértil en un electorado desencantado, confundido y fatigado. Al final, en lugar de políticos comprometidos, servidores de lo público, vemos cómo se encumbran mediocres que solo medran en su propio beneficio. Una corriente que se extiende peligrosamente por el mundo.

España y Extremadura necesitan una descompresión urgente del clima político. Requieren líderes que no teman a la crítica pero tampoco al sosiego, medios que informen sin incendiar o con medias verdades, y una ciudadanía que exija responsabilidad sin caer en el juicio emocional. Sin ello, corremos el riesgo de que la crispación, lejos de ser una fase pasajera, se convierta en el estado natural de nuestra democracia. Y en ese escenario, solo los extremos ganan.