El último intento del PP para retrasar la resolución de la amnistía, destinado al fracaso por "redundante" y "extemporáneo"

El último intento del PP para retrasar la resolución de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional, esta vez, con otra recusación de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, correrá la misma suerte que el de los magistrados conservadores que pidieron que primero se escuchara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes del alto tribunal señalaron a EL PERIÓDICO que será rechazada en el próximo pleno que se celebrará en el TC, el del 10 de junio, cuando se espera que los magistrados realicen la primera aproximación a la sentencia que prepara la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán.

El TC resolverá sobre la amnistía en un pleno monográfico el 24 de junio al analizar el recurso del PP

El motivo por el que se puede avanzar el rechazo de la recusación anunciada por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo es que, según las fuentes consultadas, es "extemporánea" y "redundante", porque se ha presentado pasados sobradamente los 10 días que da la ley para este tipo de iniciativas desde el momento en que se conoce la composición del tribunal que resolverá sobre el asunto en cuestión, pero, sobre todo, porque Conde-Pumpido ya fue recusado y el incidente fue rechazado en otoño, por lo que carece de sentido volverlo a intentar.

El Constitucional ha superado su récord de recusaciones durante la tramitación de la amnistía con alrededor de 80 incidentes interpuestos contra Conde-Pumpido, Laura Díez Bueso, Juan Carlos Campo y José María Macías. Campo se apartó él mismo de las deliberaciones, al entender que su imparcialidad había quedado comprometida al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la amnistía en los informes en los que proponía al Consejo de Ministros la concesión de los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo por el 'procés'.

Todos los incidentes presentados contra Conde-Pumpido y Díez Bueso fueron rechazados. Al primero se le pedía que se apartara porque él mismo lo había hecho de la resolución de los recursos del 'procés', como si que coincidieran los protagonistas pudiera hacer equiparable lo que ocurrió en el otoño de 2017 en Catalunya con la constitucionalidad o no de la primera ley de amnistía dictada en democracia. El motivo de que su esposa, la magistrada Clara Martínez de Careaga, también se pronunció sobre la amnistía como vocal del Consejo General del Poder Judicial ya se planteó entonces sin éxito.

El PP ha recuperado ese argumento ahora contra Conde-Pumpido al comprobar que es por el que Macías ha sido apartado de la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Audiencia Provincial de Madrid, así como del recurso del PP y de todos los presentados por las comunidades en las que gobierna. Fue el motivo por el que se estimó la recusación que presentó contra él el fiscal general del Estado, y ya figuraba entre los argumentos esgrimidos por el PP cuando su recurso fue a trámite el pasado diciembre, dados los errores formales que presentaba y que hubo que subsanar.

A la catedrática de Constitucional Díez Bueso se la intentó apartar por haber sido asesora de Moncloa, pese a que abandonó ese cargo antes de que la ley de amnistía comenzara su tramitación parlamentaria, lo que supuso que la recusación presentada contra ella tampoco prosperara. Eso dejó fuera de los debates en exclusiva a Macías, que, pese a su resistencia a apartarse, solo podrá participar en la resolución de los recursos de amparo de los condenados por el Supremo y de los procesados en rebeldía. De estos últimos solo lo ha interpuesto de momento el 'exconseller' Lluís Puig.

Tanto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como Toni Comín esperan aún que el Tribunal Supremo resuelva el incidente de nulidad de actuaciones que interpusieron después de que la Sala Segunda confirmara que la malversación por la que están procesados entra dentro de las excepciones que la propia ley de amnistía ponía a ese delito. Podrán intentar apartar al magistrado cuando su impugnación sea itida a trámite.

Si los últimos intentos del sector conservador de retrasar las deliberaciones, como está previsto, fracasan, el Tribunal Constitucional tiene previsto dictar la primera sentencia sobre la amnistía, al resolver el recurso del PP contra la ley, en el pleno monográfico que tiene previsto celebrar entre los días 24 y 26 de junio.