La Junta aflora en un año un centenar de alojamientos turísticos ilegales en Extremadura

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado recientemente a Airbnb eliminar casi 66.000 anuncios de pisos turísticos que considera ilegales. Desde el departamento dirigido por Pablo Bustinduy se argumenta que el problema es que las publicaciones vulnerarían la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos en varias comunidades autónomas, la mayoría tradicionales destinos vacacionales. 

Son anuncios en los que no se recogería el número de licencia o registro, por ejemplo, o se ocultaría la naturaleza jurídica de los dueños. De ahí que el ministerio remitiese a la filial irlandesa de la compañía estadounidense, que es de la que depende el negocio en España, un total de tres resoluciones advirtiendo de la existencia de estos 65.935 «anuncios ilegales de viviendas turísticas» e instándola a «bloquear esta publicidad». 

Los pisos turísticos ya superan las plazas hoteleras en 13 grandes destinos españoles

Hasta la fecha la Junta de Extremadura no ha recibido del Ministerio de Consumo ningún listado específico que permita identificar si entre esos anuncios bloqueados o denunciados se encuentran viviendas situadas en territorio de la comunidad autónoma, según se confirma en la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. No obstante desde este departamento se remarca que «compartimos la importancia de garantizar un mercado turístico legal y transparente». 

Herramientas de detección

En este sentido, se indica que la Dirección General de Turismo «está trabajando activamente para mejorar las herramientas de detección y control de este tipo de prácticas», de forma que, en el último año, sus servicios de inspección han detectado alrededor de un centenar de alojamientos ilegales ubicados en territorio de la comunidad autónoma y se han incoado o resuelto unos 50 procedimientos sancionadores.

El tipo de infracción más común cometida en ambas provincias dentro de este ámbito es la de no presentar la declaración responsable o comunicación previa al inicio de la actividad. Con respecto a la localización concreta, en la provincia de Cáceres, la capital y Plasencia son los municipios donde más apartamentos turísticos ilegales se han destapado, y en las comarcas de La Vera y El Jerte las zonas donde más casas rurales ilegales han aflorado.

Por lo que respecta a la provincia de Badajoz, el volumen más elevado de apartamentos turísticos ilegales detectados se ubica en Mérida con «alguno en Jerez de los Caballeros». En cuanto a casas rurales que operaban de forma irregular, se han descubierto en Llerena y Oliva de Mérida, entre otras localidades.

Sanciones

Las sanciones impuestas en aplicación de la ley oscilan entre los 600 y los 6.000 euros, para una media que se sitúa en 2.401 euros. «La cuantía varía dependiendo de muchas variables», se puntualiza, que incluyen el daño moral ocasionado, el número de personas afectadas, los perjuicios provocados, la corrección voluntaria, el grado de intencionalidad o la reiteración de infracciones, se enumera.

Procedimiento

En esta misma línea, sobre el procedimiento que se sigue una vez que se tiene conocimiento de uno de estos alojamientos irregulares, desde el departamento que dirige Victoria Bazaga se aclara que también aquí «cada caso es distinto». 

De esta forma, en ocasiones «en cuanto reciben la primera notificación», los infractores «cesan la actividad e incluso presentan declaración responsable de inicio de actividad, es decir, se legalizan». Por contra, en otras, el procedimiento sancionador puede prolongarse hasta doce meses como máximo. «Durante ese tiempo, la inspección de turismo no abre otro expediente sancionador al mismo titular por los mismos hechos», se precisa. Dentro de esta casuística, también puede suceder que no se consiga ni tan siquiera «localizar, ni notificar correctamente» al interesado, «teniendo que acudir al BOE, con la pérdida de tiempo que eso supone».

«La detección de un alojamiento ilegal conlleva un trabajo arduo de identificación de la ubicación del alojamiento, del posible titular», ya sea persona física o jurídica, «y de una prueba que lo constate», se ahonda.

Unas veces, después de la detección, se solicita a ayuntamientos o a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trasladen información, si disponen de ella. En otras, ante la duda, antes de incoar un proceso sancionador se abre un trámite de información previa para recabar datos, que además permitirá al presunto infractor rectificar, bien presentando la declaración (si legalmente lo puede hacer) o bien retirando todos los anuncios.

Desde la consejería se confía en que este tipo de procesos se pueda agilizar, al menos en parte, «una vez que el ministerio incorpore a Extremadura a la Ventanilla Única Digital, algo que ya se ha solicitado, y empecemos a recibir información de los anuncios alojados en las plataformas con información más detallada, incluyendo la URL [dirección de una web] y la sede del alojamiento».

Crecimiento del parque

El parque de viviendas con uso turístico ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años en toda España. También en Extremadura, donde la cifra de apartamentos dedicados a esta finalidad, con estimaciones del INE, ha pasado de 641 en abril de 2019 a más del doble seis años después (a 1.550 en igual mes de 2025). En este mismo tiempo, las plazas de las que disponen estos inmuebles han pasado de 2.927 a 6.188. La oferta está más concentrada en la provincia de Cáceres, con 981 apartamentos y 3.806 plazas, frente a 569 y 2.382, respectivamente, en la de Badajoz.

Suscríbete para seguir leyendo