Una conferencia teatral

La Conferencia de Presidentes está concebida como un órgano de diálogo, cooperación y coordinación multilateral que reúne al presidente del Gobierno con los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se trata, por tanto, de un foro al más alto nivel cuyo objetivo es abordar asuntos de interés común que afectan a la gobernanza del Estado y de las comunidades autónomas, cuya existencia se basa en la idea de gobierno compartido y cuya utilidad y efectividad dependen en gran medida del nivel de lealtad institucional con el que operan los actores que participan.

La 28ª Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, sin embargo, no ha estado presidida por esa necesaria lealtad. Por un lado, porque la amplitud de la agenda asumida dificultaba la posibilidad de llegar acuerdos. Los trabajos preparatorios habían establecido un orden del día con asuntos relativos al a la vivienda, a la formación profesional y universitaria, a la inmigración, a la energía y a la financiación autonómica, propuestas han sido ampliadas principalmente a petición de las comunidades gobernadas por el PP y se han acabado incorporando temas como la ocupación, la dependencia, los profesionales sanitarios, las infraestructuras ferroviarias, la educación infantil así como la propuesta de retirada de proyectos de ley sobre el Poder judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Una agenda absolutamente inabarcable que, como era previsible, se ha saldado sin ningún tipo de acuerdo. Por el otro, porque la actitud con la que han acudido algunos de los participantes a la reunión, más pendientes de escenificar una posición política que de dialogar, cooperar y consensuar políticas públicas que afectan a los distintos niveles de gobierno, ha eclipsado el debate. Y no porque no haya habido presidentes que no hayan trasladado las demandas y las necesidades de sus comunidades autónomas.

Extremadura regresa con los mismos problemas que dejó la presidenta sobre la mesa: financiación, despoblación y continuidad de Almaraz quedan postergados por la política-espectáculo que se ha instalado como una pandemia de consecuencias incalculables

El resultado de la reunión ha sido una foto con la que Pedro Sánchez y Salvador Illa, el anfitrión de la reunión, tratan de exhibir normalidad institucional; un desplante de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandonando la reunión por el uso del catalán y del euskera y mostrando su hostilidad hacia la pluralidad lingüística y a una concepción plurinacional de España, que en parte la Constitución ya reconoce, y que en gran medida la acerca más a Vox que a sus homólogos gallego o andaluz; un PP pidiendo un adelanto de las elecciones generales y un Sánchez aferrándose al poder a pesar de su debilidad y asegurando que agotará la legislatura. Extremadura regresa con los mismos problemas que dejó la presidenta sobre la mesa: financiación, despoblación y continuidad de Almaraz quedan postergados por la política-espectáculo que se ha instalado como una pandemia de consecuencias incalculables. En resumen, un pobre balance que demuestra el fracaso de una conferencia de presidentes que no ha servido más que como escenario de la campaña electoral permanente en la que estamos sumidos y no como un verdadero espacio para la colaboración intergubernamental en el que defender los intereses de los ciudadanos. El elevado nivel de crispación de la política estatal, que se ha visto agravado esta semana por el caso Leire Díez, con sus ramificaciones en el caso David Sánchez con nuevas denuncias en Badajoz, y por la reacción del PP agitando la calle, ha provocado, una vez más, la instrumentalización de las instituciones por intereses en el mejor de los casos partidistas cuando no meramente personales y ha echado a perder una oportunidad de actuar con responsabilidad y lealtad, que es lo mínimo que hay que exigir a todos los gobiernos.