estado de los trámites para ampliar la dIA FAVORABLE QUE RECIBIÓ EL PROYECTO
La azucarera de Mérida aún no dispone de la prórroga del permiso ambiental
La Junta tiene hasta mediados de abril para pronunciarse sobre esta demanda del promotor. Desde el Gobierno regional sostienen que «se espera resolver en plazo» esta solicitud

Planta proyectada por Al Khaleej Sugar en Expacio Mérida. / EL PERIÓDICO
La empresa promotora de la planta azucarera en Expacio Mérida, Al Khaleej Sugar, sigue a la espera de que la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad se pronuncie sobre la solicitud de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable que recibió el proyecto el 12 de diciembre del año 2017. Según informan a este diario desde el departamento del Gobierno autonómico competente en la materia, el grupo promotor solicitó la ampliación de la DIA a mediados del mes de octubre de 2022.
En este sentido, la consejería explica que la solicitud supone la suspensión del plazo de vigencia de cinco años que tenía la DIA, que debía expirar el pasado mes de diciembre, hasta que la Junta de Extremadura resuelva sobre esta petición. Para ello, el Ejecutivo dispone de un plazo de seis meses, es decir, hasta mediados del próximo mes de abril. En caso de que se concediera esta prórroga ambiental, el máximo permitido por la ley sería de dos años más. «En la actualidad se tramita esta solicitud con normalidad y se espera resolver en plazo», indican.
Cabe recordar que la Comisión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), gestionado por la empresa pública Sepides, dio el visto bueno en noviembre a una operación de financiación por importe de 120 millones de euros para el desarrollo de la planta. El portavoz en España del grupo, Ahmad Al Khatib, aseguró entonces que ya se disponía del dinero suficiente para ejecutar el proyecto, por lo que la idea era iniciar la obra antes de abril.
Por otra parte, la empresa también tiene previsto pedir de nuevo al ayuntamiento que esta iniciativa industrial sea declarada de utilidad pública, lo que le permitiría obtener una bonificación del 95% en el pago de los impuestos de construcción, bienes inmuebles y actividades económicas. Una vez recibido el requerimiento del grupo, el consistorio emeritense deberá aprobar de nuevo en el pleno municipal esta declaración.
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