La Junta de Extremadura revisará la situación física y jurídica de sus 55 presas y embalses

El Gobierno regional revisará las 55 presas y embalses repartidos por todo el territorio autonómico que son de su titularidad, «para garantizar la seguridad de todos los extremeños y de sus bienes». Así lo ha anunciado la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura tras una pregunta formulada por este diario, concretando que el chequeo a sus infraestructuras hidráulicas será «exhaustivo» y no solo se basará en el estado físico de las mismas, sino también en su situación jurídica.

La rotura de la balsa de Jarandilla el pasado marzo, que pudo acarrear graves consecuencias y que finalmente solo quedó en daños materiales, ha motivado esta inspección a gran escala debido a la polémica que se generó entonces entre la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) sobre el papeleo y la revisión de la balsa, construida en 1994. Al margen de cómo se desenvuelva esa cuestión, el Ejecutivo extremeño quiere poner negro sobre blanco, una por una, la situación de todas las infraestructuras de su propiedad.

Usos y capacidad

De hecho, la Junta detalla la relación de las 55 presas y embalses que serán objeto de chequeo. Tienen distintos usos: abastecimiento de agua, regadío, uso industrial, coto de pesca... En ocasiones combinan dos finalidades y en otras no tienen actualmente ninguna definida.

De todos estos espacios, 41 pertenecen a la Consejería de Agricultura y van desde los 15 hm3 de Nogales, en el municipio pacense del mismo nombre, que constituye un pantano en toda regla, hasta las 27 pequeñas presas que no llegan a 1 hm3. Otras 14 son competencia de la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural, y en ellas también se incluyen desde embalses de tamaño considerable como Valuengo, en Jerez de los Caballeros (19,7 hm3); Piedra Aguda, entre Valverde de Leganés y Olivenza (16,2 hm3); o Valdesalor, en la pedanía cacereña (12,7 hm3); hasta Arroyomolinos (0,1 hm3) o Rincón de Ballesteros (0,2 hm3).

En cuanto al riesgo potencial de estas 55 infraestructuras hidráulicas, que precisamente se chequearán para amarrar su seguridad, un total de 33 (seis de cada diez) se encuadran en el nivel A, es decir, presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir "daños materiales o medioambientales muy importantes", según certifica el decreto que las clasifica.

Otras 8 se incluyen en el nivel B: su rotura o funcionamiento incorrecto puede producir "daños materiales o medioambientales importantes" o afectar a un número reducido de viviendas. Finalmente, son 14 las de nivel C, un rango que indica que un accidente puede producir "daños materiales o medioambientales de moderada importancia", y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas.

Jarandilla, el precedente

De hecho, la balsa de riego La Maricana (o Mericana, ambos nombres aparecen registrados), en Jarandilla de la Vera, pertenece al tipo A y fue la que en la madrugada del pasado 20 de marzo inundó una parte de la localidad con 310.000 m3 de agua de forma descontrolada, al abrirse un boquete en el fondo. La construyó la Junta a principios de los años 90, por lo que esta istración ostenta su titularidad, según afirmó tras el accidente la CHT, dependiente del Gobierno, a través de un comunicado. Se ejecutó, además, «sin la autorización» de este organismo, por lo que «se encuentra en situación irregular», apuntó.

La balsa en cuestión fue emplazada sobre un arroyo que se soterró bajo la balsa. La CHT sostiene que la obligación de elaborar las normas de explotación y los planes de emergencia, así como las revisiones de seguridad, debería haber recaído en la Junta todos estos años, pero, de acuerdo con la información disponible en la CHT, a fecha de la rotura carecía de estos requisitos. La última revisión constaba de 2004.

Tres ubicaciones posibles

Por su parte, la Junta avanzó hace días que ya se barajan tres ubicaciones para una nueva balsa dedicada al riego de las fincas de tabaco y pimentón, muy importantes en la zona (la rotura ha afectado a afectará a 140 familias y 360 hectáreas de cultivo), y que está garantizado el suministro de agua al Infoex ante la posibilidad de incendios.

En cuanto a la responsabilidad, «habrá que establecerla», porque, según recordó el consejero de Presidencia, Abel Bautista, «fue construida en 1994 por la Junta», sin que a día de hoy se sepa «cómo es posible» que la CHT la autorizara sobre la bóveda de un arroyo soterrado.

Insistió Bautista en que la seguridad de la balsa es competencia del Gobierno central, a través de la CHT, toda vez que está situada sobre el dominio público hidráulico; y aclaró que cuenta con plan de emergencias y de explotación. También se baraja la responsabilidad de la comunidad de regantes, titular de la infraestructura en el Catastro, aunque no consten documentos sobre la cesión.

Precisamente, la inspección de la Junta a todas las presas se realizará para evitar estas situaciones jurídicas tan complejas, y los fallos físicos que podrían llegar a desencadenar graves consecuencias. En Jarandilla hubo suerte. Pero no siempre ocurre.

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