SANCIONES
El Gobierno investiga también a a las aerolíneas Wizzair y Transavia por cobrar equipaje de mano
Este anunciado ha tenido lugar poco después de conocerse que la organización de Consumidores Europeos ha denunciado ante la Comisión Europea a Ryanair, Vueling y otras aerolíneas por esta misma práctica abusiva

Varias personas con equipaje en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 12 de julio de 2024, en Madrid (España). / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS
El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado este miércoles que el Gobierno está investigando a las aerolíneas Wizzair y Transavia por cobrar por el equipaje de mano, que podrían resultar sancionadas como el Ejecutivo hizo ya con Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. "Esas dos otras están en el proceso de seguir el camino de las cinco anteriores", apuntó Bustinduy, quien señaló que la sanción en España es "más amplia que sólo el equipaje de mano", pues la multa también tiene relación con las políticas relacionadas con los asientos para menores acompañados, las personas con movilidad reducida o las tarifas por imprimir la tarjeta de embarque, según recoge la agencia EFE.
Las cinco compañías ya sancionadas recibieron una multa de 179 millones de euros, que han recurrido ante la justicia española. Bustinduy declinó mencionar qué plazos o cuantía maneja el Ministerio para las nuevas sanciones porque se trata de "procedimientos en curso", pero reiteró que el Ejecutivo español actuará de la misma forma contra cualquier empresa que incurra en esas prácticas. Fuentes ministeriales señalaron más tarde que pudo haber "ambigüedad" en la respuesta del ministro, pero subrayaron que Consumo por ahora sólo investiga a WizzAir y Transavia, y que sólo se impondrían sanciones si se concluye que efectivamente incurren en las mismas prácticas abusivas.
Denuncia ante Bruselas
Los consumidores europeos han agotado su paciencia con los aerolíneas. La organización de Consumidores Europeos (BEUC, por sus siglas en francés) ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea y la red europea de consumidores, la Red de Autoridades de Protección al Consumidor (C), contra siete compañías del sector, entre ellas Ryanair y las españolas Vueling y Volotea, por prácticas abusivas derivadas del cobro del equipaje de mano, además de reclamar una investigación a escala de la Unión Europea de las prácticas de la industria turística. "Tomamos medidas contra siete aerolíneas que están explotando a los consumidores e ignorando al máximo tribunal de la UE, que dictaminó que cobrar un equipaje de mano de tamaño razonable es ilegal", ha dicho el director general de la BEUC, Agustín Reyna, en un comunicado para anunciar la acción de la organización, que representa a organizaciones de una docena de países, incluidas Asufin y la CECU.
La organización ha aprovechado su comunicado para exigir que se aproveche la revisión del reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos que está en marcha en el seno de la Unión Europea para aclarar "qué servicios deben incluirse en el precio básico del billete". Hasta ahora, los viajeros dan por hecho, aseguran, que con esta tarifa básica es posible embarcar con un bulto pequeño y una pieza de equipaje de mano. La acción anunciada este miércoles está respaldada por un total de 16 asociaciones miembro de 12 países y se dirige a Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair.
La disputa sobre las posibles prácticas abusivas de las aerolíneas europeas se remonta al 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó en una sentencia que las compañías no deberían cobrar un suplemento por equipaje de mano, siempre que este cumpla "requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables". En España, el Gobierno multó con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea en noviembre de 2024 por cobrar suplementos por el equipaje de mano. Las compañías afectadas denunciaron ante la Comisión Europea la medida, que actualmente se está examinando desde enero tras pedir información más detallada a España. Según fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, el Ejecutivo español ya remitió la documentación y los servicios de la Comisión Europea están evaluando la información.
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