Adjudicación con polémica

Avisan de un posible fraude con las casetas de la feria de Plasencia

Uno de los licitadores denuncia ante el ayuntamiento que ha podido existir "una estrategia concertada entre varios ofertantes"

Advierte a Intervención de la presunta estrategia de presentar cantidades elevadas para después renunciar de forma masiva en favor de una empresa concreta

Avisan de un posible fraude con las casetas de la feria de Plasencia.

Avisan de un posible fraude con las casetas de la feria de Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Advertencia de posible fraude en la adjudicación de las casetas de la feria de Plasencia. Uno de los empresarios que no ha resultado adjudicatario de una caseta en concreto ha presentado un escrito en el ayuntamiento en el que ha avisado al departamento de Intervención de una presunta actuación concertada entre empresarios.

Así, en el documento señala que, tras la apertura de ofertas, ha conocido que han concurrido al procedimiento "diversas empresas con propuestas económicas muy superiores al precio de salida fijado para las parcelas propuestas, que no se justifican por condiciones objetivas del pliego ni por precedentes razonables de años anteriores, lo que resulta llamativo y anómalo".

Estrategia concertada

Además, apunta que "existe un fundado temor por parte de esta empresa de que podamos estar ante una estrategia concertada entre varios ofertantes con intereses comunes o coordinados, orientada a provocar sucesivas renuncias voluntarias de aquellos licitadores que han presentado ofertas artificialmente elevadas". Todo con la finalidad de "provocar finalmente la adjudicación en favor de una empresa concreta que, sin realizar la mejor oferta posible, se beneficie de la exclusión escalonada de sus predecesores".

De acuerdo con esta hipótesis, el denunciante, empresario con más de 30 años de experiencia en hostelería, subraya que se estaría en presencia "de un posible fraude en la contratación istrativa, al vulnerarse los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia que deben regir el procedimiento, generando un perjuicio directo a esta parte y al interés público general".

Una de las casetas de la feria de Plasencia, el año pasado.

Una de las casetas de la feria de Plasencia, el año pasado. / TONI GUDIEL

Mecanismos de control

El empresario alude a un artículo del pliego para señalar que "la no presentación de documentación en plazo equivale a renuncia", pero no se prevén "mecanismos de control adicionales frente a la posibilidad de retiros sucesivos que sean utilizados de forma instrumental".

Además, destaca que, según el pliego, los licitadores debe estar en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas con fecha anterior a la presentación de la oferta, lo que considera que no se cumple en algunos licitantes.

Adjudicación sin efecto

Por todo, lo que solicita a Intervención es que "vigile y controle con especial atención la evolución del procedimiento y, en particular, las eventuales renuncias que pudieran producirse entre los licitadores que han ofertado cantidades superiores" para valorar si "existe un patrón de comportamiento concertado".

También ha pedido que, si se detecta esta connivencia, "se proceda a dejar sin efecto la adjudicación y se actúe conforme a derecho, remitiendo en su caso los hechos a los órganos de fiscalización o investigación que correspondan".

Mientras esto ocurre, el licitador estudia pedir al juzgado medidas cautelares para que se paralice el proceso. Critica también que la licitación se ha hecho muy tarde porque no da tiempo a presentar recursos antes de la feria, ya que el plazo para ello es de un mes desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

Antecedente

Este empresario ha resaltado que, ya en otra ocasión, en 2022, se produjo una situación que considera similar a la actual, en la licitación del servicio de bar restaurante de La Isla. Entonces, el ayuntamiento decidió acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al considerar que existían indicios de prácticas concertadas entre siete de los ocho licitadores.

Esta contestó que el consistorio debía recurrir a la comisión regional y, mientras estudiaba el caso, seis de los licitadores presentaron escritos renunciando.

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