Resonancia, con contraste

El hombre de Estado que dijo basta, un juez íntegro, con cuarenta años de experiencia al servicio de la istración de justicia y sin servidumbres políticas, alza la voz.

En "La justicia amenazada" diagnostica con claridad quirúrgica los males del sistema judicial: aforamientos abusivos, 'lawfare' alentado desde el poder y un Tribunal Constitucional convertido en tercera instancia.

Quien nunca ha sido "cortesano de oportunidad", ha plasmado en un diagnóstico, tan incómodo para unos como necesario para todos, los males que aquejan a la justicia. Sin nombres propios, pero con principios firmes y las leyes en la mano.

El ejercicio incansable de mitigar el pesimismo en el que este notorio jurista está apostado, le lleva a analizar con denuedo dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos.

En esta ocasión, pormenoriza los componentes de una tormenta perfecta. Lo hace con prosa didáctica, dando respuesta taxativa a cuestiones cardinales que interesan a los que asisten, perplejos, al deterioro del estado de la justicia.

Con un discurso sintomático, sin rodeos: "La división, que afecta ya al poder judicial, socava la convivencia democrática", al que añade "la extendida sensación ciudadana de privilegio por parte de una clase política que, cuando es investigada, traslada a los tribunales el lenguaje propio del enfrentamiento político".

Ha precavido a los cazadores de dicterios: "No encontrarán ninguna crítica explícita a un político actual o pasado. No es este el objetivo que me ha impulsado a escribir".

Y con anticuerpos, se ha puesto al abrigo de alguna recensión deontológica espantable: "No puedo preocuparme de lo que otros piensen acerca de mis intenciones, no hay otra motivación que el deseo de escribir un libro divulgativo sobre los grandes temas judiciales".

Sin ingenuidad, y no exento de una limitación evidente, sortea la explicitud que no se puede permitir y lo hace con omisiones conscientes y obligadas: "No puedo hacer ninguna valoración. No hay un destinatario concreto de mis críticas". Quien desaíra la tentación de la talanquera, ha puesto pie en pared con las leyes en la mano y ha vuelto a decir basta.

La "paradoja de la elección". El dilema no paraliza su empeño, ante un gobierno que, a merced de las exigencias de los enemigos del Estado, usa el BOE para promulgar leyes con nombre y apellidos, tramitadas con urgencia para eludir los órganos consultivos. A partir de ahí, aborda cuestiones vitales, a modo de principios esenciales que forman la base de un código moral y legal.

Aforamientos: La diagnosis, no evita un estribillo irónico: «El aroma de privilegio es muy intenso». A esa percepción contribuye la visión protocolaria de un cargo cuya importancia se mide por qué juez investiga y qué tribunal enjuicia al responsable.

Con una sagaz sospecha: "El cargo no está bien vestido si no incluye un aforamiento". Y una advertencia: "No deberían existir más aforamientos políticos que los previstos en la Constitución: Reyes, presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores".

Acción popular: Contrario, sin paliativos, a que los partidos políticos ejerzan la acción popular, es concluyente: "Contaminan el debate jurídico y transmiten a los órganos judiciales el enfrentamiento partidista".

Cuando "la acción popular, insustituible herramienta de participación ciudadana, se aparta de los principios que legitiman su intervención en el proceso, la justicia se ve amenazada".

'Lawfare' Para el magistrado, la principal amenaza a la justicia es "la pérdida de credibilidad en los jueces, sometidos a una permanente descalificación por parte del poder político". Y se resquebraja cuando un acuerdo político da por hecho el 'lawfare', lo que transmite a la ciudadanía la sensación de que "quienes istramos justicia lo hacemos por motivaciones ajenas a nuestra función".

No expresa asentimiento: "Esto es radicalmente falso. Que nos atribuyan decisiones políticas para perjudicar una u otra opción política, lo cual es abyecto".

Arrebato casacional. Al enmendar las sentencias del Supremo, el Tribunal Constitucional, convertido en una tercera instancia, "desborda lo que concibieron los redactores de la Constitución".

Emancipación del Ministerio Fiscal. Resueltamente partidario de reforzar la autonomía del fiscal general del Estado, dictamina que se comete un tremendo error "cuando se considera una anomalía del Estado de derecho que un órgano judicial no coincida con el criterio del ministerio fiscal".

Filtraciones, grabaciones y publicidad. Los interrogatorios judiciales que son objeto de grabación "no deberían ser divulgados". El juicio oral es público, pero la investigación tiene una publicidad restringida frente a terceros.

Inteligencia artificial. Llamada a convertirse en un instrumento indispensable para complementar el trabajo de los jueces, pero que no podrá sustituirlos. "Somos algo más que funcionarios que despachamos sentencias. La intuición humana, el sentido común y la idea de proporcionalidad no son susceptibles de programación mediante un algoritmo".

Con el contraste de la experiencia, rubrica su negativa a pronunciarse sobre las motivaciones estratégicas del poder político: "No me he parado a jerarquizar los ataques que he sufrido en mi carrera profesional, y le aseguro que no son pocos".

Y concluye con el rechazo a una infamia: "Aquel mensaje (control de la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás) me hizo tomar una decisión. Reivindiqué mi dignidad y jamás me verá usted renegociar esa misma dignidad".