Juristas extremeños: "El problema no es la ley del menor, es la falta de medios para ejecutarla"

El asesinato de la educadora social de Castuera la noche del domingo en un piso tutelado de Badajoz ha reabierto un debate recurrente cuando detrás de un suceso tan atroz hay un menor de edad. Distintas voces, como la del sindicato policial Jupol, se plantean tras lo sucedido si la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, conocida como ‘ley del menor’, está funcionando y si se debería castigar con mayor contundencia a los menores ante estos actos de extrema gravedad, como pide la entidad que representa a los agentes de la Policía Nacional.

Esta ley se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Con esta, los acusados por el presunto asesinato de Belén se enfrentarían a un máximo de cinco años de privación de libertad, al margen de las medidas que puedan acumular por otros delitos anteriores, y podrían llegar a pisar la cárcel una vez cumplida la mayoría de edad. ¿Es suficiente? ¿Hay que tocar la ley?

Más allá del debate social, dos expertos juristas extremeños, Emilio Cortés (catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura) e Idelfonso Seller (decano del Colegio de Abogados de Badajoz) tienen claro que no se debe legislar en caliente, «como tampoco se rebajan las penas cuando no sucede nada». Y aunque reconocen que todo puede ser «matizable» o «mejorable», consideran que la ley del menor no se debe tocar ahora, recuerdan su función de reeducación y resocialización antes de la madurez y coinciden en que tras hechos tan graves también está la falta de medios para aplicar esa ley.

«Sería un auténtico disparate. El problema no es la ley del menor, es la falta de medios materiales y humanos para que esa ley se pueda desarrollar efectivamente; esa ley no funciona por las dotaciones materiales que se le asigna por las istraciones», sostiene Emilio Cortés. Este experto penalista rechaza hablar de cualquier reforma de calado, ni de las medidas a adoptar ni de la edad. «Que no haya una estadística criminal durante un tiempo no significa que las medidas deban relajarse y que suceda un hecho tan desagradable como este no significa que haya que endurecer las penas o las medidas». Y tampoco entiende que se deba plantear una rebaja de la edad de responsabilidad penal de 14 a 13 años: «estaríamos colonizando zonas de la mente humana que ni siquiera comprenden lo que están haciendo».

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Equiparable al entorno

El catedrático y letrado defiende que la actual legislación, en vigor desde hace 25 años, «está muy bien pensada y muy bien hecha» y además es equiparable a los países de nuestro entorno: «lo que pasa es que la diferencia con Alemania o con Italia es que no se ha dotado a la istración de los medios necesarios y por eso puede suceder que una mujer de 35 años indefensa, sin ni siquiera una pistola taser, se quede sola con tres delincuentes. Ese es el problema, que no hubiera allí vigilancia, seguridad», señala. El penalista insiste en que la ley no es el problema ni el espíritu resocializador que promulga, sino «que no se destinan fondos a una ejecución razonada; lo que no funciona no es la ley, lo que no funciona es la intendencia».

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Cortés menciona que el objetivo de la ley del menor «es ofrecer unos parámetros de reeducación y resocialización de menores adecuados a su edad y que las penas no tengan un fin de venganza del Estado, sino especialmente un carácter resocializador y reeeducador». Pero antes de que entre en juego el derecho penal, recuerda que hay un primer control social que proviene principalmente de la familia y de la escuela. «Cuando eso se relaja y vale todo es cuando creamos delincuentes y nos acordamos de que hay que meterlos en un centro o en una cárcel». Y una vez en esa situación, es cuando considera que hay que dotar a la istración de medios humano y materiales para hacer «artesanía para que esos gérmenes de delincuentes queden simplemente en gérmenes». Y ese, dice, es el espíritu de la ley que ahora se cuestiona. «El problema del penal es que sabemos los delitos que se comenten, pero nunca sabremos los delitos que se evitan porque el derecho penal exista». 

Reeducar más que sancionar

Esa reeducación y resocialización tan cuestionada cuando se cometen hechos tan graves se puede llegar a conseguir. Ildefonso Seller, abogado y decano del Colegio de Abogados de Badajoz, da fe de ello. «Una de las mayores satisfacciones que he tenido es echar adelante a dos chicos y haber cambiado completamente su vida con 16 años», señala. Y eso, dice, es una de las cosas positivas de la ley del menor, que es garantista y busca principalmente reeducar al menor más que sancionarlo. Aunque para eso, insiste, hacen falta medios. 

Seller recuerda que cuando se implantó esta normativa, en el 2000, y se le dio a las comunidades la ejecución de las medidas judiciales de los menores, «las propias comunidades no tenían ni un duro para llevar a cabo esas medidas». Entonces, rememora, hubo muchos incidentes sobre las ejecuciones de menores, «pero eso se ha solventado porque hay que buscar el bien del menor aunque sea un delincuente. Son personas que todavía no han conseguido ese desarrollo de madurez necesaria para saber si quieren dirigir su vida hacia el delito o quieren recomponerse. No hay que olvidarse que estos jóvenes también son la generación del futuro», sostiene. 

Aún así, Seller coincide con Cortés en la falta de medios y recursos en la ejecución de las medidas judiciales, de las que se ocupan las comunidades. «Obviamente hay que indagar qué ha fallado», insiste Seller, quien considera que este tipo de hechos son «totalmente excepcionales y tienen que ser vistos desde la excepcionalidad».