El Gobierno mantiene el cierre pese al ‘sí’ del Congreso a las nucleares: la primera, Almaraz

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Energía, donde ha comunicado a los consejeros autonómicos del ramo que el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas fue acordado por las empresas propietarias de estas plantas, y plasmado en un protocolo firmado en 2019, a lo que ha añadido que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación. En ningún caso se ha manifestado proclive a cambiar ese calendario, un día después de que el Congreso de los Diputados aprobara por mayoría una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular, apoyada por Vox y UPN, con la abstención de Junts y ERC, que insta al Gobierno a prolongar la vida útil de las cinco nucleares españolas.

El PP viene reclamando al Gobierno que levante la orden del año 2020, que recoge la desconexión de estas plantas, para que puedan pedir la prórroga. Los impuestos también tienen mucho que ver en este debate.  Las empresas titulares de las centrales sostienen que la carga en impuestos lastra su rentabilidad hasta el punto de complicar su viabilidad. La propia central de Almaraz emitió un comunicado el lunes en el que afirmó estar lista para seguir operando hasta 2063, pero subrayó que paga anualmente en tributos 435 millones de euros, una "asfixia económica", matizó.

Los socialistas extremeños “no” han votado en el Congreso contra Almaraz, “sino contra la reducción de la tasa”

No obstante, con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha mantenido este jueves que el Gobierno no ha modificado la imposición a las mismas. Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos (la denominada tasa Enresa, que se ha incrementado un 30%), el ministerio incide en que es "un coste operativo" de estas plantas. Según Aagesen, “cuando llegamos al Gobierno estaba en vigor un plan de gestión de los residuos de 2006, totalmente desfasado, y ha habido que elaborar uno nuevo, el séptimo, aprobado a finales de 2023. Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’". Y en este punto, la ministra ha interpelado: “¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?”.

Apuesta por las renovables

La ministra también ha incidido en que el calendario firmado con las nucleares ya de por sí prolonga la vida útil de diseño de las instalaciones, fijado en 40 años, hasta una media de 45,8 años. Y ha argumentado que su cierre "ordenado y progresivo" es la base del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), pilar del desarrollo de las energías renovables, que está propiciando la afluencia de inversión industrial, según el ministerio. “El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el PNIEC, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales”, ha señalado Aagesen.

Finalmente, la vicepresidenta ha emplazado a las comunidades autónomas a aportar más contenidos a las próximas conferencias sectoriales, y ha confiado en poder reunirse con cada uno de sus representantes para tratar asuntos concretos de cada territorio.

Por tanto, ningún viso de que la política energética del Gobierno, que fija el cierre de todas las nucleares de forma paulatina entre 2027 y 2035, vaya a cambiar. Y ello pese a la PNL del PP, que defiende la prórroga de las nucleares atendiendo a criterios "técnicos y económicos”. En ella se alega su garantía de suministro, su menor coste, su contribución a la reducción de emisiones de CO2 y su aporte a la soberanía energética del país (los reactores producen el 20% de la electricidad).

"Contra la corriente europea"

En ese calendario, la primera central en apagar sus dos reactores será Almaraz en 2027 y 2028. Si las fechas no se aplazan, a partir de los primeros meses de 2025 la desconexión será irreversible por la previsión con la que necesitan trabajar las nucleares. De ahí las palabras de la consejera extremeña de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, tras participar este jueves en la Conferencia Sectorial de Energía: ha reclamado a la ministra que aplique el "sentido común" e "impere la lógica" para no ir contra la corriente europea, encaminada a impulsar la energía nuclear.

De hecho, la conferencia, celebrada en el ministerio, ha abordado el tema de la energía nuclear porque Extremadura, con el apoyo de otras comunidades autónomas, ha conseguido meter en el orden del día la cuestión de Almaraz y ha reivindicado, una vez más, a la ministra Sara Aegesen la continuidad de su vida útil.

Morán ha destacado que otras once comunidades, además de Extremadura, han pedido el mantenimiento de las centrales, empezando por la de Almaraz, porque "las renovables no pueden sustituir" a la energía nuclear actualmente.

La consejera extremeña habla de "un error gravísimo"

A este respecto, la consejera ha recordado que la nuclear es una energía limpia y con cero emisiones, y ha remarcado que el programado cierre de Almaraz supone un "error gravísimo" que no solo perjudica a Extremadura por la pérdida de empleo (3.000 puestos más 1.200 en cada recarga) y desarrollo económico e industrial, sino que "pone en juego la soberanía energética de España".

La consejera lamenta que la ministra Aegesen "ha dado la espalda a Almaraz, a Extremadura y al problema que tenemos de país con el cierre de las nucleares, porque se niega a modificar el PNIEC", el cual, ha recordado, fue diseñado "antes de los cambios geopolíticos actuales".

Además, ha reiterado que el Congreso ha aprobado una PNL, por lo que mantener su cierre es "dar la espalda" a lo que se dicen en el Parlamento español. "La PNL es un paso muy importante y vamos a seguir trabajando para que Almaraz no se cierre", ha concluido Morán, que considera que la ministra "están en una cerrazón, tienen un motivo ideológico más que económico y técnico y se va a hacer un daño irreparable".