Asunto tratado en el pleno de la Asamblea

Extremadura abonará 35,4 millones a unos 6.000 ganaderos con vacas nodrizas

"El compromiso de mi Gobierno con el campo está muy por encima de ideologías de moda y del oportunismo político que hay en la oposición", sostiene María Guardiola

La diputada socialista Piedad Álvarez critica la inacción del Gobierno regional pese a las protestas que están llevando a cabo los agricultores y ganaderos

La presidenta de la Junta, María Guardiola, este jueves en el pleno de la Asamblea.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, este jueves en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX

Mérida

La Junta de Extremadura abonará la próxima semana 35,4 millones de euros a unos 6.000 ganaderos extremeños que mantienen explotaciones con vacas nodrizas. Así lo ha anunciado este jueves en el pleno de la Asamblea regional la presidenta extremeña, María Guardiola, en su respuesta a una pregunta de la diputada socialista Piedad Álvarez sobre las ayudas para el campo. A su juicio, los dos principales problemas que tiene el sector están "en Bruselas y en la Moncloa", donde hay un gobierno incapaz de defender los intereses de los agricultores, además de criticar que el ministro de Agricultura, Luis Planas, quiere que sean las comunidades autónomas las que den respuestas al campo.

"Que el PSOE se deje de amnistías y gobierne, si no sabe, que deje al PP", ha manifestado la jefa del Ejecutivo. "El compromiso de mi Gobierno con el campo está muy por encima de ideologías de moda y del oportunismo político que hay en la oposición", ha subrayado. En este sentido, ha recordado que en siete meses de Gobierno han pagado más de 7 millones a ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica, han ayudado a los cereceros afectados por el temporal o incrementado la partida de seguros agrarios hasta los 10,5 millones de euros.

Guardiola ha destacado que la Junta "ya está trabajando para aliviar ese enorme papeleo al que tenemos sometido a los agricultores y ganaderos", a través de medidas de simplificación o "apostando por la declaración responsable para poder sustituir documentación". También van "a seguir exigiendo una PAC que sea justa para nuestra tierra, sin recortes y con menos trabas burocráticas", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que la actual "lo único que está consiguiendo es cerrar las explotaciones y asfixiar a los profesionales del campo".

Por su parte, Álvarez ha criticado la inacción del Gobierno regional pese a las protestas que están llevando a cabo los agricultores y ganaderos, además de que es necesario un trabajo coordinado entre las istraciones. "Lo que no tiene sentido es que hasta hace poco tiempo el problema de la agricultura fuera responsabilidad del gobierno de Vara y Sánchez y que ahora son todos consecuencia de las políticas de Europa y Pedro Sánchez", ha señalado.

La parlamentaria socialista también ha reclamado a Guardiola "sinceridad" sobre si apoya o no el proyecto de regadío de Tierra de Barros y le ha instado a que "abandone la política de chinchetas azules, de agenda vacía y de brazos caídos". La presidenta extremeña le ha acusado de tener "la cara de cemento armado" y le ha recomendado "lavarse la boca" para hablar del proyecto de Tierra de Barros, con el que han tenido engañados a los agricultores.

Ayudas para el sector del tomate

Por otra parte, la Junta de Extremadura está trabajando con el Ministerio de Agricultura para que los agricultores extremeños que no han aceptado vender su producción de tomate por debajo del coste de producción no pierdan los tres millones de euros correspondientes a las ayudas asociadas por no haber firmado los correspondientes contratos. Así lo ha indicado la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Eduardo Béjar, quien le ha acusado de no haber hecho "nada".

En su turno de palabra, la responsable del campo extremeño ha informado de que el 85% de la superficie está contratada a precios de entre 145 y 150 euros por tonelada, y que solo no han firmado contratos los productores a los que se les ha ofrecido un precio de 130 euros (por debajo de los 145 fijados como coste de producción) que representan el 14% de la superficie. Para Béjar, la Junta tenía que haber denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios para que se sancionase a las empresas que pagan por debajo del coste de producción.

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