10 de los 15 sistemas extremeños de abastecimiento obligados por ley no tienen plan ‘antisequía’

Septiembre está siendo un mes lluvioso, pero la realidad es que España encadena dos años de sequía. En Extremadura los embalses están a poco más del 40% de su capacidad, diez puntos menos que la media de los últimos diez años, con los del Guadiana al 23%, y varias zonas de la provincia de Badajoz han entrado ya en situación de emergencia. 

Aunque se alerta de que los periodos entre sequías se han ido acortando en las últimas décadas, la escasez prolongada de precipitaciones es un fenómeno recurrente en la Península, que ya vivió otras intensas entre 1979 y 1983, de 1991 a 1995, de 2005 a 2009, o en 2017. Para hacer una mejor gestión de los recursos hídricos cuando se presentan estos episodios y minimizar sus impactos ambientales, económicos y sociales, la Ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobada en 2001, estableció entre otros aspectos que las istraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes dispongan de un plan de emergencia ante situaciones de sequía.

«La importancia de estos planes es la de garantizar el suministro a la población»

Sin embargo, a día de hoy la mayor parte de las entidades extremeñas a las que obliga esta normativa no lo tienen en vigor. En unos casos, no lo han llegado a remitir en ningún momento a su respectiva confederación hidrográfica, pese a que la ley daba un horizonte máximo de cuatro años para tenerlos en marcha. Es decir, tendrían que haberse remitido, a más tardar, en el transcurso de 2005. En otros están pendientes de actualizar. De la quincena de grandes municipios y mancomunidades de la región, solo cinco los han hecho llegar al organismo de cuenca, un paso necesario para que sean operativos.

«Si tenemos un otoño lluvioso se olvidará el problema, y hasta la siguiente. Con la diferencia de que la siguiente sequía vendrá peor»

Santiago Martín Barajas

— Coordinador del área de Agua de Ecologistas en Acción

Estos planes deben ser herramientas que, ante coyunturas de carencia de agua, agilicen la toma de decisiones, tanto si se trata de establecer restricciones a determinados s, como si hay que preparar otras fuentes alternativas de suministro. Tienen que ajustarse también a los planes especiales de sequía de su demarcación hidrográfica correspondiente (los vigentes datan de 2018 y los de 2023 se encuentran en fase de consulta pública).

A juicio de Santiago Martín Barajas, coordinador del área de Agua de Ecologistas en Acción, la falta de estos planes «no es una cuestión menor. Es algo preocupante. Tenían que haberse presentado, entre otras cuestiones, para garantizar el abastecimiento de las poblaciones, que es el uso prioritario que hay por encima de todos». Martín Barajas lamenta la facilidad con la que se olvidan las sequías en España de forma que, en cuanto llueve de nuevo, «las cosas que habría que hacer dejan de ser prioritarias y caen en el olvido». «Si tenemos un otoño lluvioso —continúa--, que no se sabe, se olvidará el problema y hasta la siguiente. Con la diferencia de que la siguiente sequía vendrá peor, porque el consumo es cada vez mayor y las disponibilidades hídricas debido al cambio climático son menores». 

Dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana hay once entidades extremeñas a las que la normativa exige elaborar un plan de este tipo. Siete de ellas no lo han presentado aún. De los cuatro municipios de mayor tamaño que aparecen en el listado, solo uno, Don Benito, que atiende una población de 37.282 habitantes con una demanda estimada anual de 4,1 hectómetros cúbicos, lo ha tramitado y ha sido informado favorablemente por el organismo de cuenca. En los otros tres está todavía pendiente: Badajoz (150.911 s y 16,53 hectómetros cúbicos); Almendralejo (33.068 y 3,7, respectivamente); y Villanueva de la Serena (25.542 y 2,81).

Desde el consistorio almendralejense se precisa que el documento «se está elaborando» actualmente. Hasta la fecha, se aduce, en esta localidad «no ha habido problemas de abastecimiento» en verano, pero «aun así, se está redactando y adaptando a la nueva toma de captación desde Alange». Desde los Ayuntamientos de Badajoz y Villanueva de la Serena no se ha respondido la petición de información realizada por este diario.

Además, hay siete sistemas mancomunados que superan la barrera de los 20.000 habitantes por lo que entran dentro del supuesto marcado por la ley. Los planes de dos de ellas han sido informados favorablemente por confederación. Una es la de Los Molinos, que surte a 57.215 habitantes de Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Medina de las Torres, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros y Zafra (suman 6,3 hectómetros cúbicos de demanda). La otra es la de La Serena, a la que pertenecen Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Campanario, Campillo de Llerena, Castuera, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Quintana de la Serena, Retamal de Llerena, Valle de la Serena y Zalamea de la Serena (31.723 vecinos y 3,6 hectómetros cúbicos de consumo). 

En una tercera mancomunidad, la de Tentudía, la comarca extremeña donde la situación de falta de agua viene siendo más acuciante, se ha informado con observaciones. Agrupa a los municipios de Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín y Segura de León (20.207 personas y 2,23 hectómetros cúbicos). 

Por contra, aparece como pendiente de envío el Sistema de abastecimiento del Anillo de Mérida, que comprende, además de a la capital extremeña, a Aljucén, Arroyo de San Serván, Calamonte, El Carrascalejo, Mirandilla, San Pedro de Mérida, Trujillanos y Valverde de Mérida (74.663 personas que requieren unos 8,2 hectómetros cúbicos). No obstante, fuentes del ayuntamiento emeritense matizan que la ciudad de forma particular sí cuenta con un plan de emergencia ante la sequía, que «ejecuta y tiene la empresa concesionaria Aqualia, responsable del suministro». Tanto ella, «como el propio ayuntamiento ejecutan el protocolo marcado por el plan y por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana en situaciones de emergencia o necesidad», se indica.  

Igualmente, figuran como no presentados los documentos de tres mancomunidades más. Las de Llerena, con Ahillones, Azuaga, Berlanga, Casas de Reina, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, Llerena, Maguilla, Puebla del Maestre, Reina, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre (26.011 personas y 2,9 hectómetros cúbicos); la de Vegas Altas, que reúne a Navalvillar de Pela, Santa Amalia, Medellín, Almoharín, Madrigalejo, Villar de Rena, Escurial, Campo Lugar, Acedera, Rena, Abertura, Puerto de Santa Cruz, Alcollarín, Villamesías, y ocho entidades locales menores; y la Mancomunidad Integral de Servicios Lácara Sur, que abastece a Esparragalejo, La Garrovilla, Montijo, Puebla de la Calzada, Pueblonuevo del Guadiana, Torremayor y Valdelacalzada (30.857 vecinos y 3,4 hectómetros cúbicos).

La situación opuesta a la de las entidades que no han cumplido con la normativa estando obligadas a ello es la de las poblaciones o sistemas de abastecimiento que, a pesar de no alcanzar los 20.000 habitantes, sí han decidido implantarlos. Este ha sido el caso de los sistemas de abastecimiento de Siberia I, el Alcarrache, La Coronada, La Haba y Magacela, Atalaya, El Sillo, Lácara Norte, Valverde de Burguillos, Helechosa de los Montes, Peraleda del Zaucejo, o Fuenlabrada de los Montes, se informa desde la Confederación del Guadiana.

Los sistemas extremeños del Tajo

En cuanto a la parte extremeña de la cuenca del Tajo, de los cinco sistemas de abastecimiento que deberían presentar estos planes, solo uno cuenta en estos momentos con él. Se trata del que surte a la capital cacereña junto a Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes, con una población algo superior a los 114.000 habitantes y una demanda anual de 11,4 hectómetros cúbicos. Fue presentado en julio de 2020 e informado favorablemente por esta confederación.

Los que no han completado este trámite son Plasencia, con 39.319 habitantes y una demanda de seis hectómetros cúbicos; la Mancomunidad Campo Arañuelo, que incluye a los municipios de Almaraz, Belvís de Monroy, Casatejada, Majadas, Millanes, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Pueblonuevo de Miramontes, Rosalejo, Saucedilla, Talayuela, Tiétar, Toril y Valdehúncar (32.938 y 5,6 hectómetros cúbicos); la Mancomunidad de Aguas Ribera de Gata, a la que pertenecen Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Coria, Gata, Huélaga, Moraleja, Vegaviana (22.751 personas y 2,7 hectómetros cúbicos); y la presa de Santa Lucía, que da agua a La Aldea del Obispo, Aldeacentenera, Cabañas del Castillo, La Cumbre, Deleitosa, Ibahernando, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Torrecillas de la Tiesa, Trujillo y Valdefuentes (15.641 s con un consumo estimado de 2,8 hectómetros cúbicos). Este es uno de los dos casos dentro de esta demarcación (el otro es la Mancomunidad del embalse de Béjar) en los que, si bien no llegan al umbral de los 20.000 habitantes, la confederación considera que es «muy recomendable» que elaboren el plan, pues en ambas «se prevén futuras ampliaciones de las redes de suministro que volverían a situar a estos sistemas de abastecimiento por encima» de esa cifra. 

A la hora de explicar las razones de que la mayor parte de estas entidades sigan sin presentar su plan ‘antisequía’, desde Confederación del Tajo se apunta que «Sin perjuicio de que no todos los sistemas de abastecimiento cuentan con los mismos medios» para confeccionarlos, está también «la cuestión de la percepción del riesgo». En este sentido, se explica que, «en general, aquellos sistemas de abastecimiento que han tenido que afrontar situaciones de escasez en el pasado entienden perfectamente la importancia de esta herramienta; mientras que aquellos otros que cuentan con abundantes y fiables fuentes de recursos pueden ver los planes de emergencia como un trámite engorroso sin beneficios aparentes». 

Con motivo de la tramitación de cada nuevo Plan Especial de Sequía, se añade desde este organismo, se a con los sistemas de abastecimiento afectados por la normativa «para analizar cuál es la situación de cada sistema de abastecimiento, para solicitarles su participación en la elaboración del Plan Especial de Sequías» (que es la herramienta de ámbito más general de la que saldrá un marco que posteriormente deberán asumir estos planes de emergencia), y «para instarles a que actualicen o elaboren» estos documentos.

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