Los agentes de la UCO que vieron un "papel preeminente" en la filtración del fiscal general contra el novio de Ayuso se ratifican en el Supremo

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que redactaron el informe clave en el caso en el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que se le atribuyó una "participación preeminente" en la presunta filtración contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han ratificado este viernes los resultados de su pericial ante el magistrado Ángel Hurtado.

Se trata del informe que el Instituto Armado presentó ante el alto tribunal tras analizar el contenido del teléfono móvil incautado a la otra imputada en la causa, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre por orden del magistrado Ángel Hurtado.

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El instructor citó a los peritos después de que así se lo ordenara la Sala de Apelación, al estimar parcialmente un recurso en el que el fiscal general reclamaba una serie de diligencias, incluida la declaración del propio González Amador, que los magistrados también respaldaron y que está fijada para el próximo 23 de mayo.

Datos del informe

El informe en cuestión realiza un relato cronológico de "todas las comunicaciones" de Rodríguez con "otros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados" tras haberse ceñido al plazo fijado por el instructor, que va del 8 al 14 de marzo de 2024.

Se investiga si García Ortiz pudo participar en la filtración a la prensa del contenido de una comunicación que la defensa del empresario Alberto González Amador remitió a la Fiscalía en busca de un acuerdo para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda, lo que hubiera perjudicado a su derecho de defensa. Concluyó que "desde las 21:59, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que éste se publicará".

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Supuesta contradicción

Según han señalado a El PERIÓDICO fuentes presentes en la declaración, se ha tratado de una diligencia de poca utilidad y de hecho las acusaciones, salvo la que ejerce el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no realizaron pregunta alguna, y el protagonismo de la diligencia la tuvieron los abogados del Estado que defienden a García Ortiz y a Rodríguez.

Una de sus preguntas estuvo dirigida a conocer la razón por la que en este informe se hablaba de la publicación por la Cadena Ser a las 11.51 de la noche de ese 14 de marzo de 2024 de una información que contenía datos de la misiva del abogado del empresario --una hora a la que el fiscal general ya había recibido los correos electrónicos de sus subordinados con dicha información-- pero sin mencionar que la cadena había dado cuenta en antena de esta información con anterioridad, a las 11.24.

Según las mismas fuentes, los guardias civiles han asegurado que ellos incluyeron la información que consideraban relevante, si bien el juez no ha dejado continuar con la pregunta señalando que la ratificación se debía circunscribir a este primer informe, y no aludir a otros documentos posteriores. Los abogados del Estado han incidido en este asunto preguntando cómo podían acreditar entonces que García Ortiz disponía de la información supuestamente filtrada antes de recibir los correos, tal y como se infiere de los informes policiales. Los agentes han respondido que no podían hacerlo.

El informe también apuntaba, y así lo han ratificado los agentes ante el juez Peinado que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa en la que se incluyeron estos datos y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo. Asimismo, aseguraron que "quien filtra la información tiene conocimiento en el momento de realizarla de que, a pesar de que la nota está siendo elaborado por la Fiscalía General, el cauce a través del cual se hará pública será la Fiscalía de Madrid".

El informe cobró mayor importancia después de que el Supremo constatara que no podría conocer el contenido del teléfono móvil del fiscal general porque, según le informó la UCO, García Ortiz los borró eliminando igualmente la cuenta de Gmail. El juez intentó recuperar esa información a través de WhatsApp y Google pero le remitieron datos sin interés para el caso.