Transportes adjudica por 10,7 millones de euros el contrato para conservar 191 km de carreteras en Badajoz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 10,7 millones de euros, IVA incluido, un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz. La duración del contrato es de 3 años, con posibilidad de prórroga de 2 años y otra adicional de un máximo de 9 meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, dentro del programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Con este fin, se contemplan actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 191,247 km de carreteras del sector número 5, incluyendo 52,220 km de autovía. Abarca varios tramos de las siguientes carreteras:

• Autovía A-66 desde el kilómetro 687,7 en Puebla de Sancho Pérez al 739,920, en Santa Olalla del Cala/Monesterio.
• Carretera N-432 desde el kilómetro 69,4, en Zafra, hasta el 160, en Granja de Torrehermosa.
• Carretera N-432A desde el kilómetro 153,66 hasta el 156,27, y desde el 158,7 al 159,540. Todos ellos se encuentran en el municipio de Granja de Torrehermosa.
• Varios tramos de la carretera N-630.

Junto a las carreteras relacionadas, se ejecutará la rehabilitación superficial de 3,7 kilómetros de firme entre los municipios de Puebla de Sancho Pérez y Calzadilla de los Barros, entre los kilómetros 688,1 y 691,8 respectivamente, siempre en la provincia de Badajoz. 

Reducción de las emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera. 

En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.  

De este modo, la empresa adjudicataria se ha comprometido a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones. 

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO₂ anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado. 

El modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue, aseguran desde el ministerio, optimizar los recursos públicos. 

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.